Hace unos días manifestábamos nuestro rechazo a la Directiva de la Unión Europea para el retorno de ciudadanos de terceros países que se encontraran “ilegalmente” en el territorio de Estados miembros. Esta Directiva, a pesar de los rechazos iniciales, ha pasado a formar parte del “limbo legal” de nuestras conciencias, sabemos que está ahí, sabemos que menoscaba derechos fundamentales de miles de personas, pero pasamos a otras cosas más urgentes.
Sin embargo la situación de la población inmigrante se está haciendo cada día más difícil, y no nos atrevemos ni siquiera a reflexionar sobre ella porque bastante tenemos con la crisis económica. Una crisis económica que ha sido creada por los mercados especulativos, que no productivos. Una crisis económica que nos amenaza a todos, y que va a utilizar como colchón a los de siempre, a los que tienen reconocidos menos derechos, a los que se les oye menos cuando levantan la voz porque hablan diferente, a los que no les queda más remedio que aceptar que “o te aguantas o te vas”.
La población inmigrante llegó a nuestro país en busca de una mejora de sus perspectivas personales, pero también para dar respuesta a una necesidad del mercado laboral español: ocupar puestos de empleo vulnerables (fácil movilidad, escasa preparación, jornadas interminables, baja remuneración, y en el caso de los trabajadores sin permiso, sin ningún tipo de derechos). Han ocupado los puestos que los españoles no queríamos porque suponía movernos de nuestra casa, de nuestro ambiente, de nuestro estatus. También han sido los destinatarios de nuevos productos bancarios, telefónicos y un sinfín de ofertas creadas para ellos, pero para aumentar la riqueza de nuestras empresas.
Ahora, con la crisis sobran. Y se endurecen todo tipo de medidas, las legales pero también el resto. Como son más vulnerables podemos decidir no reagrupar a sus mayores como propone el ministro Corbacho. Como son diferentes podemos crear centros educativos especiales (“Espacios de Bienvenida” los llama la Generalitat de Cataluña, consultar El País, domingo 20 de julio 2008, pág. 36 Vida y Artes. Sociedad) en los que los niños inmigrantes no podrán tener contacto con los españoles ni en el recreo.
Vivimos un tiempo global. Todo viaja a la velocidad de Internet de un lugar a otro del planeta. Las economías europeas caen en una crisis que empezó en Norteamérica y que ya se considera mundial. Las riquezas también son globales, empresas españolas poseen gran parte de la riqueza de otros países, como ayer ponía de manifiesto la noticia de que una eléctrica española posee el 90% de la electricidad de Chile y cerca del 80 % de la gestión de sus recursos hídricos, y puede decidir su futuro.
Pero la oferta de globalizar las oportunidades sólo es para los nacionales de países que controlan los grandes organismos internacionales, los que tienen la llave de las grandes decisiones. Construir una sociedad en paz sólo puede pasar por el reconocimiento de los derechos de cada persona y de cada familia, por el reconocimiento de la diversidad y de la imperiosa necesidad de convivir en igualdad para conocernos y respetarnos. El miedo, el aislamiento sólo produce más miedo y más violencia.
Sin embargo la situación de la población inmigrante se está haciendo cada día más difícil, y no nos atrevemos ni siquiera a reflexionar sobre ella porque bastante tenemos con la crisis económica. Una crisis económica que ha sido creada por los mercados especulativos, que no productivos. Una crisis económica que nos amenaza a todos, y que va a utilizar como colchón a los de siempre, a los que tienen reconocidos menos derechos, a los que se les oye menos cuando levantan la voz porque hablan diferente, a los que no les queda más remedio que aceptar que “o te aguantas o te vas”.
La población inmigrante llegó a nuestro país en busca de una mejora de sus perspectivas personales, pero también para dar respuesta a una necesidad del mercado laboral español: ocupar puestos de empleo vulnerables (fácil movilidad, escasa preparación, jornadas interminables, baja remuneración, y en el caso de los trabajadores sin permiso, sin ningún tipo de derechos). Han ocupado los puestos que los españoles no queríamos porque suponía movernos de nuestra casa, de nuestro ambiente, de nuestro estatus. También han sido los destinatarios de nuevos productos bancarios, telefónicos y un sinfín de ofertas creadas para ellos, pero para aumentar la riqueza de nuestras empresas.
Ahora, con la crisis sobran. Y se endurecen todo tipo de medidas, las legales pero también el resto. Como son más vulnerables podemos decidir no reagrupar a sus mayores como propone el ministro Corbacho. Como son diferentes podemos crear centros educativos especiales (“Espacios de Bienvenida” los llama la Generalitat de Cataluña, consultar El País, domingo 20 de julio 2008, pág. 36 Vida y Artes. Sociedad) en los que los niños inmigrantes no podrán tener contacto con los españoles ni en el recreo.
Vivimos un tiempo global. Todo viaja a la velocidad de Internet de un lugar a otro del planeta. Las economías europeas caen en una crisis que empezó en Norteamérica y que ya se considera mundial. Las riquezas también son globales, empresas españolas poseen gran parte de la riqueza de otros países, como ayer ponía de manifiesto la noticia de que una eléctrica española posee el 90% de la electricidad de Chile y cerca del 80 % de la gestión de sus recursos hídricos, y puede decidir su futuro.
Pero la oferta de globalizar las oportunidades sólo es para los nacionales de países que controlan los grandes organismos internacionales, los que tienen la llave de las grandes decisiones. Construir una sociedad en paz sólo puede pasar por el reconocimiento de los derechos de cada persona y de cada familia, por el reconocimiento de la diversidad y de la imperiosa necesidad de convivir en igualdad para conocernos y respetarnos. El miedo, el aislamiento sólo produce más miedo y más violencia.
